LIMITE 75 DIAS

SEGUIMOS SIN GOBIERNO, Y LO QUE TE RONDARÉ……..

En alguna ocasión ya nos hemos referido a la obligatoriedad de la trasposición de las Directivas Europeas a nuestro Ordenamiento Jurídico, y es que mientras nuestros políticos siguen intentando llegar a acuerdos para formar Gobierno, el tiempo va transcurriendo, y el 18 de Abril está a la vuelta de la esquina. Quedan 75 días.

Esta es la fecha en la cual debemos tener una Ley que regule la contratación pública en España y que esté acorde con las Directivas 23, 24 y 25 de 2.014, de la Unión Europea.

Actualmente hay redactado un Anteproyecto de Ley, que está manos del Consejo de Estado, para que emita el preceptivo informe, y trámites parlamentarios aparte, debería ver la luz antes de ese 18 de Abril, con rango de Ley, pero estos requisitos pendientes que aún le quedan son arduos, y más seguramente si cambia el signo político del Gobierno.

Como principales novedades del Anteproyecto, entre otros, respecto del actual Texto Refundido podemos citar:

– Serán objeto subjetivo de la Ley y regulados por la misma en sus licitaciones, Partidos Políticos, Organizaciones Empresariales y Sindicales y todo aquel Organismo con financiación mayoritaria a cargo del Estado.

– Desaparece el contrato de Gestión de Servicios Públicos, tornándose en Concesión con riesgo empresarial para el concesionario.

– Desaparece también el contrato de colaboración Público-Privada.

– Se legislarán medidas para el fomento de las PYMES, como justificar la NO división en lotes de las licitaciones.

– Se modificarán los criterios de adjudicación, tendentes a una inclusión de criterios relacionados con el coste (mejor relación coste-eficacia) y criterios cualitativos (mejor relación calidad-precio).

– ………

Pero la pregunta que cabe hacerse a estas alturas es, ¿Qué pasa si el 18 de abril no ha visto la luz el nuevo texto legal?

Pues la respuesta es clara en este sentido, así el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE señala la obligatoriedad de las Directivas a los Estados miembros, siendo vinculantes estas, no parcialmente sino con todos sus elementos, por lo tanto no cabe apelar, por parte del Estado Español, a que ya se hizo una “trasposición parcial” con las últimas modificaciones introducidas en el Texto Refundido. Esto no es válido no admisible.

Por lo tanto al finalizar el plazo para la trasposición, la Directiva será de hecho de aplicación directa, pudiendo cualquier particular hacer uso del Derecho que le asiste a apelar a dicha Normativa Europea, contra los Estados que la incumplan. De este asunto hay amplia jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo avala.

Así que mientras nuestros políticos siguen en sus cuitas pactistas el tiempo pasa y Europa nos sigue legislando.

Juan Pedro del Castillo S.

jpc

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