REUNION DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS CONTRACTUALES.

Hace breves fechas se reunieron el Tribunal Central y Tribunales Administrativos de ocho comunidades autónomas con el fin de unificar criterios.

Se llegó a conclusiones en cinco temas:

  1. Qué pasa si no hay trasposición de las Nuevas Directivas Europeas, en el plazo fijado a Nuestro Ordenamiento Jurídico.

El plazo límite del 18 de abril de 2.016, para la trasposición, supone a juicio de los reunidos un plazo a partir del cual se deberá aplicar la normativa Europea en los preceptos incondicionales. Formándose un grupo de trabajo para elaborar un estudio de los preceptos que pudieran estar afectados. Dichos criterios unificados y consensuados se esperan puedan ver la luz en el primer trimestre de 2.016.

  1. Recalificación como servicio del contrato de gestión de servicios públicos. Recurso contra la adjudicación. Posibilidad de suspensión del procedimiento una vez formalizado el contrato.

En este caso no hay unificación de criterios a la cuestión planteada por el TARC de Andalucía, ya que a juicio de unos la interposición del recurso, implica vía art. 45 del TRLCSP la suspensión. Otros opinan que se debe adoptar la suspensión como medida cautelar por aplicación de la 30/92. Hay otras opiniones que defienden la teoría que se puede plantear la suspensión contractual por distintas vías jurídicas. Por último una ulterior corriente sostiene que se debe suspender la adjudicación y corresponde a los órganos de contratación la adopción de las medidas a tomar en los actos posteriores a la misma.

Por tanto podemos concluir respecto de esta cuestión que no existe unificación de criterios y podría parecer que los casos planteados tendrán distinta solución dependiendo del Tribunal Administrativo de cada Comunidad Autónoma.

  1. Solvencia de las UTES y modos de acreditación de solvencia con medios externos. Necesidad de acreditación de la solvencia por los integrantes de una UTE o del licitador que integra su solvencia con medios externos.

En este punto hay un consenso generalizado en el sentido que los integrantes de las UTES deban acreditar un mínimo de solvencia.

Por otro lado también se intenta evitar, las posibles “empresas pantalla” que siendo adjudicatarias no ejecutarán el contrato por sí mismas sino por mediación de un tercero siendo un elemento clave en este aspecto que en la integración de empresas los medios puestos a disposición del contrato lo sean de manera efectiva.

  1. Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Valoración del régimen de recursos de contratación.

Tratándose de un Anteproyecto de Ley no hay concreción suficiente para evaluar los plazos de interposición de recursos, expresándose la idea que el mismo debiera ser lo suficientemente amplio como para que tenga efectos deseados pero a su vez no interfiera en el procedimiento.

De igual manera se propondrá que el plazo para interponer recursos contra los pliego debiera coincidir con el de presentación de ofertas.

  1. Coordinación entre Tribunales. Sistema de intercambio de información.

Propuesto este sistema por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, se aprueba un sistema de intercambio de información para facilitar la unidad de criterio, articulándose a través de una plataforma virtual.

Juan Pedro del Castillo S.

jpc