NORMATIVA EUROPEA…. A PESAR DEL GOBIERNO……

Y SIN TRASPOSICIÓN…….QUÉ TOCA????

Ya hablábamos en el post del pasado 2 de febrero, http://lovilegal.es/limte-75-dias/ , de la imposibilidad que se “intuía” de la trasposición de las Directivas Europeas en materia de Contratación Pública.

A día de hoy estamos en la recta final, que como es sabido acaba el próximo, 18 de abril, para que se cumpla el plazo dado por la Legislación Europea para su trasposición al ordenamiento jurídico español, y como es obvio, público y notorio, el Poder Legislativo, está a otras cosas.

Esto en términos jurídicos, ¿Qué supone?, pues bien, básicamente que distintos preceptos que recogen la Directiva 2014/24/UE (Directiva de Contratos), la Directiva 2014/23/UE (Directiva de Concesiones) y la Directiva 2014/25/UE (Directiva de Sectores Especiales) tengan una aplicación directa y puedan ser invocadas por los distintos intervinientes en la Contratación Pública, desplazando así a la normativa nacional.

Como esto es algo realmente de cierto calado dentro de este campo los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, tras sesiones de trabajo, han elaborado un documento, en base a la aplicación directa de estas Directivas, en la resolución, entre otros, de los recursos especiales contemplados por el TRLCSP.

En este documento de trabajo, (el cual adjuntamos al completo, Informe TARC_AplicaciónDUEs), se indican cosas como que, “Esta situación, al margen de la responsabilidad por incumplimiento y sus posibles consecuencias patrimoniales, implica que varios preceptos de las Directivas de contratación pública puedan tener efecto directo y desplazar la regulación nacional…” u otras como “…este trabajo únicamente pretende servir como documento de análisis y reflexión para facilitar la interpretación que de la normativa aplicable a partir del 18 de abril de 2016 deberá realizar cada uno de los Tribunales administrativos de recursos contractuales en el ejercicio de sus funciones…”

En otra parte del documento se analiza la incidencia práctica del efecto directo de la aplicación de la normativa europea sobre la nacional, llegando a afirmar que “….el conocido -e incuestionable- principio de primacía del ordenamiento de la Unión Europea obliga a que la norma nacional no se aplique si contraviene a este. Como ya se ha explicado, la consecuencia del efecto directo es la aplicación del precepto de la Directiva, desplazando cualquier norma nacional de sentido contrario….”

Y para finalizar como última cita, señalamos “….en la práctica, una especie de codificación, que dota de coherencia y seguridad jurídica al sistema. Así, los conceptos “del Derecho de la Unión Europea deben ser interpretados de conformidad con la doctrina fijada por el TJUE. Doctrina que debe ser conocida y respetada por los distintos intérpretes o aplicadores de las reglas de la contratación pública, lo que limita interpretaciones o prácticas exclusivamente nacionales…..”

Con todo lo anterior queda suficientemente claro e ilustrado, cómo, por la vía de la trasposición, no ejecutada por nuestro legislador, o por la vía del efecto directo, la que va a producirse a partir del 18 de Abril, las Directivas 23, 24 y 25, tendrán plena eficacia.

A alguno se le van a poner los pelos de punta…….

Juan Pedro del Castillo S.

jpc

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